“La precariedad laboral puede ser igual o peor que el desempleo”

Joan Benach / Coordinador del informe PRESME sobre precariedad laboral y salud mental.

Para Joan Benach, catedrático del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra y doctor en Salud Pública por The Johns Hopkins University, la precariedad “es un determinante social tóxico que genera sufrimiento psíquico y trastornos mentales” y cuyas consecuencias pueden igualarse a las del desempleo con cierto nivel de protección social. Esta preocupación se ha plasmado en el Informe PRESME sobre la “Precariedad laboral y la salud mental”, que el Ministerio de Trabajo y Economía Social le ha encargado coordinar y que presentó hace unas semanas. Con él hablamos sobre la relación entre los problemas de salud mental y la precariedad laboral y sobre las medidas que habría que implementar para prevenir los riesgos asociados a estas condiciones de empleo y trabajo.

¿Qué es la precariedad laboral? ¿Qué condiciones de empleo y trabajo se consideran precarias?

La precariedad es un fenómeno dinámico y complejo que cabe entender como resultado de las relaciones de poder en el empleo y el trabajo, donde interactúan múltiples factores sociales (económicos, legislativos, políticos, laborales, culturales, etc.). Contrariamente a una visión de la precariedad sólo centrada en el contrato o la inseguridad, la precariedad laboral tiene en realidad un carácter multidimensional, que incluye numerosas condiciones de empleo y trabajo. En la actualidad, creo que el instrumento científico más aceptado para su medición es el cuestionario EPRES que, junto con otras personas, impulsé en la Universidad Pompeu Fabra (UPF), y que ya ha sido aplicado en muchos países. El EPRES incluye seis dimensiones esenciales: la inestabilidad del empleo (tipo y duración del contrato), bajos salarios, escaso poder de negociación (capacidad de negociación de las condiciones de empleo), vulnerabilidad (relaciones sociales de poder en el lugar de trabajo, con situaciones de amenazas, discriminación, etc.), menos derechos laborales (indemnización por despido, compensación por desempleo, vacaciones, etc.) y la falta de poder para ejercer estos derechos.

Del más de medio millón de casos de depresión estimados entre la población activa en 2020, podrían haberse evitado al menos 170.000 con empleo no precario

¿Qué impactos tiene la precariedad laboral sobre la salud mental? ¿Es mejor tener un trabajo precario o estar en paro?

La salud mental es un componente central de la salud y el bienestar de las personas que depende de determinantes sociales muy diversos entre los que destaca la precariedad laboral. La precariedad es un determinante tóxico, de manera que el “mal empleo” y el “mal trabajo” penetran en cuerpos y mentes generando sufrimiento psíquico y trastornos mentales muy diversos. La investigación estima que el riesgo de padecer problemas de salud mental es más de dos veces superior entre quienes trabajan en situación de precariedad en comparación con quienes tienen menos precariedad. El Informe PRESME ha valorado el riesgo de sufrir depresión que podemos atribuir a la precariedad; del más de medio millón de casos estimados entre la población activa en el año 2020, se estima que podrían haberse evitado al menos 170.000 casos si la población precarizada hubiera tenido un empleo no precario. Por lo que hace a la segunda cuestión: tanto el desempleo como la precariedad laboral son nocivos para la salud. Es bien conocido que estar parado tiene consecuencias sociales y de salud dramáticas, ya que aumenta el riesgo de enfermar y morir prematuramente. Pero va mucho más allá, también genera pobreza, desigualdad, desahucios y todo tipo de situaciones que afectan al bienestar y calidad de vida de las personas, como por ejemplo que las mujeres pospongan o eviten tener hijos. El paro también incrementa el riesgo de alimentarse peor, de abusar de drogas, así como de sufrir ansiedad o depresión y un mayor riesgo de suicidio. Aún faltan estudios que permitan conocer de forma integral los impactos del paro y la precariedad en función de los niveles de protección social que existan, pero no olvidemos que las situaciones de precariedad incluyen el encontrarse de forma más o menos intermitente en situación de subempleo o de paro. En definitiva, aunque a menudo se lee o escucha la frase “mejor tener trabajo, sea el que sea, que no tenerlo”, creo que se puede decir que según cual sea el nivel de protección social que tengan las personas desempleadas, tener un empleo precario puede ser igual o incluso peor para la salud mental.

¿A qué colectivos de trabajadores y trabajadoras se aplican prácticas empresariales precarizadoras de manera más prevalente? Dicho de otro modo, ¿cuáles son los principales ejes de desigualdad cuando hablamos de precariedad laboral?

Como ocurre en otros países, en España se observa un marcado gradiente social en la prevalencia de los problemas de salud mental –sobre todo ansiedad y depresión– según la clase social, el estatus migratorio, el género y otras condiciones sociales relacionadas con la precariedad. Las clases y los grupos sociales más explotados y discriminados son quienes se encuentran más expuestos a sufrir problemas de salud mental derivados de la precariedad.

Quienes realizan trabajos informales, las familias monoparentales, los autónomos y quienes trabajan en plataformas digitales presentan altos niveles de ansiedad y depresión

Otros colectivos menos estudiados que presentan altos niveles de depresión, ansiedad y estrés son quienes realizan trabajos informales, las familias monoparentales, básicamente mujeres, trabajadores y trabajadoras autónomos (casi un 20% de la población española ocupada) y quienes trabajan en plataformas digitales, que muestran un bajo bienestar emocional, desórdenes del sueño, ansiedad y mala conciliación de la vida laboral y familiar. Finalmente, aunque la información disponible es muy limitada, en el Informe PRESME dedicamos un espacio a colectivos todavía más olvidados, como los trabajadores de la cultura, las personas del colectivo LGTBIQ+ y las personas trabajadoras con discapacidad.

En el informe indican que una de las características del mercado de trabajo en España es la alta precariedad. ¿Qué ha llevado a esta alta precariedad laboral en el país?

La precarización laboral es el fruto de décadas de proliferación e intensificación de las políticas neoliberales en el contexto de crisis global y sistémica, junto a la expansión de nuevas formas de gestión y organización del empleo y el trabajo. En España destacan la aplicación de múltiples reformas laborales regresivas, la especialización productiva, la organización conservadora de las empresas y de las relaciones laborales y el debilitamiento sindical. Además, también juega un papel importante la aplicación de políticas públicas inadecuadas e insuficientes, la existencia de instituciones familiares que reproducen desigualdades de género y la implementación de políticas migratorias injustas. La configuración de todos estos elementos ha generado durante décadas un mercado laboral con un alto desempleo, una elevada precariedad laboral, muchos trabajadores en situación de pobreza y fuertes desigualdades laborales determinadas por la clase social, el género, la edad, el estatus migratorio y el nivel de discapacidad, entre otros factores.

¿Cómo ha afectado la implantación de las nuevas tecnologías a la precariedad?

En las últimas décadas, junto a notables cambios económicos, laborales y de consumo (fragmentación de empresas y trabajo, digitalización, fragmentación y transformación de la clase obrera), han aparecido numerosas innovaciones tecnológicas mediante las tecnologías de información y comunicación, la robotización, la inteligencia artificial, los algoritmos y las plataformas digitales. En este contexto, las empresas tienden a generar y organizar los empleos según sus necesidades e intereses y mejorar su rentabilidad haciendo frente a tres conflictos inherentes a la relación laboral: reducir costes laborales, controlar y vigilar la fuerza de trabajo e incrementar la flexibilidad para aumentar la productividad y sus ganancias en un entorno cambiante. Estas transformaciones han propiciado la erosión de los estándares de condiciones de trabajo, el incumplimiento de normas laborales, la elusión de responsabilidades empresariales y, con ello, la generación de formas de empleo precarizadas y el empobrecimiento de grandes capas de la población trabajadora. Todos estos factores inciden en las desigualdades laborales e intensifican y multiplican los riesgos psicosociales que afectan a la salud mental de las personas trabajadoras. La economía de las plataformas digitales ilustra esta preocupante realidad. Son trabajadores y trabajadoras sometidos a salarios exiguos, una disciplina y control constantes, la imprevisibilidad de tareas y estar siempre disponibles. El individuo se ve sometido y obligado a internalizar una disciplina asfixiante que esclaviza, discrimina y aliena, y en la que aparecen niveles elevados de estrés, depresión, trastornos del sueño, ansiedad y mala conciliación de la vida laboral y familiar.

¿Consideráis que la última reforma laboral o el aumento del SMI van en la línea adecuada?

La reforma laboral de 2021 ha permitido corregir algunos de los muchos efectos negativos de las reformas laborales anteriores. Por ejemplo, está teniendo un impacto significativo en la reducción de la muy elevada temporalidad, fomentando un empleo más estable mediante contratos de carácter indefinido, más o menos continuos, lo que contribuye a la lucha contra la precariedad laboral. Cabe decir que, aparte de la reforma laboral, existen otras disposiciones normativas de carácter más específico que también pueden ayudar a reducir la precariedad, como son la Ley 12/2021 conocida como la ley rider o la Ley 1/2020 que deroga el despido objetivo por absentismo (incluido el relacionado con bajas médicas). Sin embargo, en el Informe PRESME señalamos que todavía hay mucho margen de mejora para continuar en el camino de asegurar la eliminación de la precariedad desde el plano normativo y de las políticas públicas. Hay que avanzar mucho más en la calidad del empleo, el reforzamiento de los derechos laborales y el establecimiento de medidas legales y de protección social frente a la precariedad. Además, como ya he comentado, es necesario realizar un seguimiento y una evaluación de todas estas medidas con instrumentos de vigilancia e investigación que nos permitan comprender de forma integral la evolución de la precariedad laboral y de todos sus impactos.

La falta de democracia en el trabajo reduce las posibilidades reales de negociación más allá del salario y la jornada

Y en el caso de las direcciones de las empresas, ¿qué medidas tendrían que implementar?

En el informe destacamos que un tema clave en las empresas es la profundización de la democracia en su vertiente económica, poniendo en práctica instrumentos de participación relativos a la democracia social, la democracia de empresa, la economía social, las empresas cooperativas, la cogestión o la codecisión, la codeterminación, o la participación de las personas trabajadoras en forma de acciones o beneficios empresariales, entre otras posibles iniciativas. Y es que la falta de democracia en el trabajo y el limitado poder de trabajadoras y trabajadores reduce las posibilidades reales de negociación más allá del salario y la jornada. Eso quiere decir que hay que debatir y poner en práctica políticas tan importantes como el reparto del trabajo, el trabajo garantizado, la implementación de una renta básica universal o garantizada y la gestión del tiempo de trabajo. En relación con este último tema, la cuestión clave es si las trabajadoras y trabajadores deben adecuarse a las necesidades horarias del puesto de trabajo o el puesto de trabajo ajustarse a las necesidades de las personas. En este sentido, la reducción de la jornada laboral puede tener ventajas tan notables como aumentar el tiempo libre, mejorar el medio ambiente, reducir el estrés y mejorar el sueño y la salud, reducir el desempleo, compatibilizar los horarios escolares, el estudio y la participación social, extender la solidaridad, mejorar el cuidado de las personas y desprecarizar el trabajo. Sin embargo, su implementación no debe ser en menoscabo de los salarios y las condiciones de trabajo.

Y en ese contexto, ¿qué papel juegan los sindicatos?

Los sindicatos han jugado un papel clave para conseguir mejores condiciones de trabajo y reducir la desigualdad a lo largo de gran parte del siglo XX. A partir de los años 70, en el contexto de una crisis sistémica y de la expansión de nuevas formas de gestión y organización del empleo y el trabajo, la proliferación e intensificación de las políticas neoliberales han debilitado la acción sindical clásica, la conciencia de clase y los niveles de implantación sindical. Con ello, la negociación colectiva ha visto mermada su fuerza perdiendo fuerza reivindicativa contra las múltiples situaciones de precarización. En el informe PRESME señalamos que la expresión “trabajar menos para trabajar todos y mejor, y trabajar menos para vivir mejor y de forma sostenible” resume la necesidad de realizar una profunda y fundamental transformación para desprecarizar el empleo, pero también al conjunto del trabajo social con proyectos de vida más adecuados en un planeta más justo y que sea habitable. No olvidemos que la existencia de pleno empleo no puede ser un objetivo adecuado si este se acompaña de precariedad laboral y de insostenibilidad ecológica.

Y en ese terreno, ¿cuáles son los retos principales que deben afrontar los sindicatos?

Me parece que las organizaciones sindicales deben afrontar con urgencia retos cruciales. Destacaré algunos de los que me parecen más relevantes. Primero, establecer más y mejores vínculos con trabajadoras y trabajadores precarizados (eso debe incluir el trabajo mercantil de autónomos e informales y el trabajo no mercantil, doméstico y comunitario). Un claro ejemplo de ello es la precarización laboral, con una elevada inseguridad y subordinación (disciplina y vigilancia), de los trabajos que tienen lugar en las plataformas digitales. Segundo, realizar más y mejores alianzas estratégicas con el mundo científico y académico en lo que a veces se denomina “activismo cognitivo”, es decir, aunar la experiencia con el conocimiento científico. Un ejemplo reciente es la magnífica tesis doctoral sobre participación directa de Clara Llorens (ISTAS Barcelona), para avanzar en la mejora de la organización del trabajo, la participación directa, la reducción de los riesgos psicosociales y avanzar en la equidad en salud. Tercero, avanzar en la transformación de una sociedad que tiene que aprender a “vivir bien con menos”, lo cual significa un radical cambio del mundo laboral, realizando trabajos no precarios, pero que sean social y ecológicamente necesarios. Eso debe incluir fomentar el trabajo de cuidados, mantener o regenerar el medio natural, producir alimentos sin destruir suelos y envenenar aguas, y eliminar lo antes posible todos aquellos que sean ecológicamente perniciosos. Y, en cuarto lugar, algo difícil pero fundamental en el proceso de desprecarizar el trabajo, lograr tener más poder para conseguir tener un mayor control de las decisiones empresariales y democratizar el trabajo y con ello ayudar a “democratizar la democracia”.

Es necesario debatir e implementar políticas como el trabajo garantizado, la renta básica universal y la democracia económica

¿Cuáles son las principales medidas que las políticas públicas tendrían que incluir para minimizar la precariedad laboral y reducir así los problemas de salud mental derivados del trabajo?

Para lograr un mundo más justo, democrático y saludable, eliminar la precariedad laboral y mejorar la salud mental constituyen dos retos fundamentales. Para desprecarizar el trabajo se necesitan muchas medidas. En el informe PRESME ofrecemos una extensa lista de conclusiones y recomendaciones basadas en evidencia que creemos que contribuyen a los actuales debates sociales y que merecen abrir otros. Proponemos tres recomendaciones generales. De forma muy breve, en primer lugar, desarrollar una regulación de las relaciones laborales con un nuevo Estatuto del Trabajo para el siglo XXI que promueva trabajos dignos y justos en un sistema productivo más democrático y realmente sostenible en el marco de un decrecimiento material que debe ser justo. Esto significa desprecarizar las condiciones de trabajo, reforzar los derechos colectivos de trabajadores y trabajadoras y fomentar una mayor participación democrática en el desarrollo económico y la vida laboral. Segundo, ampliar la protección del empleo y las prestaciones sociales, así como reforzar la atención sociosanitaria pública, integral y de calidad que incluya la sanidad pública, la salud colectiva y los cuidados. Además, es necesario debatir e implementar políticas como la gestión del tiempo y el reparto del trabajo, el trabajo garantizado, la renta básica universal o garantizada y la democracia económica en las empresas. Todo ello acompañado de una reorientación radical del mercado de trabajo hacia trabajos que sean socialmente necesarios y ecológicamente sostenibles. Y tercero, reconocer que la precariedad laboral y la salud mental son cuestiones fundamentales donde hay que invertir los recursos y los medios necesarios para su análisis y evaluación. Eso quiere decir desarrollar sistemas de vigilancia integrales y de calidad que permitan realizar un seguimiento sistemático de la magnitud, la evolución, la desigualdad y los efectos sobre la salud mental y el bienestar de la población, así como evaluar la efectividad y la equidad de las políticas y las intervenciones implementadas. En definitiva, emplear los recursos necesarios para la adecuada monitorización de un determinante social de la salud como es la precariedad laboral.

Laura Villadiego / ctxt / esta entrevista se publicó originalmente en porExperiencia.